Armasur, a través de una declaración pública expresó su completo rechazo al proyecto que tiene por objeto modificar la Ley de Fomento de la Marina Mercante, contenida en el decreto N°3.059, de 1979, y la Ley de Navegación, contenida en el decreto N°2.222, de 1978 y que busca la apertura del cabotaje a naves de bandera extranjera. Para el gremio, la iniciativa del Gobierno de Chile que actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Obras Públicas de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, es infundado, arbitrario, sin sustento técnico, irracional, improvisado y no responde a los intereses de Chile. MundoMarítimo, conversó con el presidente de la entidad, Héctor Henríquez, quien resaltó algunos aspectos de este rechazo.
"Le menos que podemos decir es que es inentendible en el contexto en que estamos, en el que se debiera propiciar cómo recuperar más de un millón de empleos y, precisamente, este proyecto apunta al sentido contrario", indica Henríquez, quien recuerda que, en abril, cuando se conoció el informe financiero del Ministerio de Hacienda sobre este proyecto, el gremio envió una carta sl Gobierno expresando su abierta oposición a la iniciativa que ya en ese momento calificaron como inoportuna y carente de legitimación. "Le hicimos ver que el contexto, la coyuntura era absolutamente inadecuado", afirma.
En cuanto al argumento del Gobierno respecto a que la apertura del cabotaje crearía condiciones para optimizar la cadena logística y el transporte multimodal, generando mejoras de competitividad, Henríquez indica que "cuando quieres fomentar la competencia, promoviendo una competencia desleal, en el fondo lo que hace es destruir la capacidad instalada". Explicó que, de darse la apertura de cabotaje, un buque mercante extranjero que tenga capacidad ociosa al ingresar a los puertos chilenos "ya contará con su flete pagado y podrá aplicar una tarifa marginal con la que es imposible que pueda competir el naviero chileno. Esto es competencia desleal o, al menos, distorsión a la competencia".
Afirmó que Armasur ha realizado estudios económicos referidos a lo que sucede en materia de cabotaje del paralelo 41 al sur, que han detectado índices muy por debajo de lo que podría ser considerado como "concentración" en los servicios brindados a la conectividad y a la acuicultura, entre otros. "La Fiscalía Nacional Económica define un mercado concentrado cuando hay un índice HHI (Herfindahl e Hirschman Index) de 2.500 hacia arriba y resulta que acá en el sur austral los estudios indican que tenemos entre 500 y 1.000", afirma Henríquez,
Recalca entonces que "no hay ninguna razón de concentración para abrir el cabotaje al menos en la zona sur austral" y que en la escena del cabotaje en esa zona se "da una competencia intensiva que genera precios acordes", pero indica que la apertura de cabotaje implicaría la rebaja de precios, pero debido a factores externos como los costos laborales, tributarios y financieros más bajos que brindan las llamadas "banderas de conveniencia", mucho menores a los que otorga la "bandera chilena", lo que para Henríquez equivale a promover una competencia distorsionada.
Señaló que como consecuencia se fragilizaría la conectividad territorial en el sur del país, ya que, al desaparecer la escaza carga, los servicios existentes tenderían a desaparecer. "No nos parece que sea prudente promover la apertura del cabotaje en la zona sur austral donde tenemos más 5.000 islas, donde está el 38% del territorio nacional y apenas el 6% de la población y donde se requiere ejercer soberanía por aspectos de seguridad nacional".
Por otra parte, señaló que "resulta inentendible que se promueva nuevamente un cambio al cabotaje de pasajeros, cuando hace poco más de dos años, después de cinco años discusión, se acordó en la Ley 21.138 las condiciones en las que un buque extranjero puede hacer cabotaje de pasajeros entre puertos en Chile". Añadió al respecto que "ahora se haga borrón y cuenta nueva con todas las argumentaciones en que trabajaron Gobierno, parlamentarios, trabajadores, armadores, gremios para que se proponga la libertad total para buques extranjeros, tampoco nos parece prudente".
Finalmente señaló que este proyecto, no beneficia a trabajadores, navieras de carga, tampoco a la conectividad ni a la integración territorial. "Entonces a ¿quiénes beneficia?, bueno a quienes están tratando de incorporar al país a los navieros extranjeros, muchos de esos con naves con bandera de conveniencia con costos laborales, tributarios y financieros muchos más bajos que lo que implica operar con bandera chilena".
Cabe señalar que la declaración emitida por Armasur también destaca que el proyecto de ley es contrarío la tendencia mundial que da cuenta que más del 80% de los países han adoptado sistemas de cabotaje cerrados o semi cerrados y que aquellos que los han abierto finalmente los han vuelto a cerrar dados los efectos indeseables de las políticas de apertura en materia laboral, de seguridad nacional, de competencia, tributaria, de fiscalización.
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