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Autoridad Marítima de Panamá defiende toma de control de puertos tras cuestionamientos de PPC

La entidad estatal sostiene que medida responde a sentencia judicial y busca asegurar continuidad operativa

Fuente: Mundo Marítimo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación del Estado, respondió al comunicado emitido el 16 de marzo de 2026 por Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, en el que la compañía cuestionó la actuación estatal tras la toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su declaración previa, PPC sostuvo que Panamá había deteriorado su confiabilidad como destino de inversión extranjera y cuestionó la actuación estatal en el marco de la controversia por la concesión portuaria. También indicó que el Estado no habría cumplido plazos en el arbitraje internacional y acusó la existencia de medidas que calificó como confiscatorias.

Los planteamientos de PPC y de CK Hutchison fueron rechazados por la AMP  al considerarlos infundados. La entidad indicó que la actuación del Estado se sustenta en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026, que declaró inconstitucional la Ley N°5 de 1997, norma que aprobó el contrato de concesión de ambas terminales.

De acuerdo con la autoridad, las decisiones del máximo tribunal son de cumplimiento obligatorio, por lo que el Estado tiene el deber de ejecutarlas. En ese contexto, la AMP sostuvo que: “Desde que el fallo fue de conocimiento público, el Estado procuró, de buena fe, una transición ordenada con el acompañamiento de PPC. Sin embargo, PPC y sus afiliadas se negaron a cooperar, ocultando información e impidiendo una transición coordinada”.

Ante esta situación, el Estado de Panamá asumiría de forma temporal la administración, mantenimiento y operación de los puertos, invocando lo establecido en la Ley General de Puertos. La AMP precisó que esta medida fue adoptada para asegurar la continuidad del servicio y que se implementó mediante un decreto de ocupación.

Asimismo, la autoridad sostuvo que “Esta medida no constituye de manera alguna una expropiación, sino una utilización temporal mientras se determina su valor, garantizando el debido proceso”.

En relación con los cuestionamientos de PPC sobre la naturaleza de las medidas adoptadas, la AMP indicó que los actos administrativos se fundamentan en la Constitución y la legislación vigente, y que las calificaciones realizadas por la empresa no corresponden al marco jurídico aplicable.

La entidad también informó que, tras asumir la operación de las terminales, se constató un estado de deterioro en las instalaciones, las que, según indicó, no se ajustaban a estándares internacionales.

Respecto del arbitraje iniciado por PPC bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, la AMP señaló que ha dado cumplimiento a dichas normas y que continuará ejerciendo su defensa en ese proceso. Añadió que las diferencias entre ambas partes serán resueltas en esa instancia.

Finalmente, la AMP indicó que se reserva el derecho de no emitir nuevas declaraciones públicas sobre el tema mientras el arbitraje esté en curso, y reafirmó su compromiso de mantener la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal conforme a la normativa vigente.