Noticias

Nuevo Gobierno de Brasil descarta continuar con las privatizaciones portuarias

La desestatización del puerto de Santos, planeada por Jair Bolsonaro, proyectaba la inversión de US$1.200 millones

Fuente: Mundo Marítimo

En marzo del 2022, la empresa brasileña de gestión de activos Quadra Capital se adjudicó la concesión del operador portuario del estado de Espíritu Santo, Codesa, con el ofrecimiento de un pago de US$20 millones al Estado, además del compromiso de inversión de más de US$64 millones en el puerto y destinar más de US$192 millones en gastos operacionales. El contrato a 35 años incluía la administración del puerto y la operación indirecta de las instalaciones portuarias de Victoria y Barra do Riacho. El hecho reflejó la política emprendida en materia portuaria por el Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y constituyó un ensayo para el objetivo mayor: la privatización del puerto de Santos. No obstante, la tentativa no llegará a concretarse, dado que el recientemente asumido Gobierno de Brasil, encabezado por Lula da Silva, confirmó que no se continuará con las privatizaciones.

Fue Márcio França, actual ministro del Ministerio de Puertos y Aeropuertos, quien aclaró que, si bien el nuevo gobierno respetará el contrato de concesión firmado este año por Codesa, “no se celebrarán licitaciones similares”. Indicó igualmente que "las autoridades portuarias seguirán siendo empresas estatales. Lo que haremos es ofrecer concesiones de áreas dentro de puertos para terminales privadas", señaló França tras su designación ministerial. En la ocasión destacó que “solo el puerto de Santos en Sao Paulo es responsable del 30% del comercio exterior” y, además, dimensionó la labor del gobierno entrante en el frente portuario: “tenemos un desafío muy grande para atender los 35 puertos públicos de gran importancia estratégica y las 220 terminales privadas, las 43 estaciones de transbordo y las otras 342 terminales registradas en Antaq”.

El plan de privatizar el sistema portuario de Brasil de Bolsonaro (que incluía el puerto de Itajaí en el estado de Santa Catarina, el puerto de Sao Sebastiao y de Santos en el estado de Sao Paulo.) buscaba acelerar las inversiones privadas en el sector, en una política que sumaría a la desregulación del servicio de cabotaje marítimo a través del programa BR do Mar. El proyecto original de privatización del puerto de Santos, se estructuró para proporcionar US$1.200 millones en nuevas inversiones, de los cuales US$406 millones se habrían destinado a infraestructura portuaria, dragado, más US$813 millones a la construcción de un túnel sumergido para conectar las ciudades de Santos y Guarujá.

Concesiones aeroportuarias

En este frente, França indicó que el Ministerio evaluará los detalles de las concesiones planificadas para los principales aeropuertos del estado de Río de Janeiro, Santos Dumont y Galeao, antes de que los procesos avancen. “Entregar una concesión al sector privado tiene que traer ventajas, particularmente en lo que se refiere a nuevas inversiones”, señaló.

Pese de la revisión anunciada, los observadores del mercado no creen que se suspenda el modelo de concesión aeroportuaria y el discurso del nuevo ministro o sugiere que la administración de Lula quiere realizar una evaluación detallada de los pocos aeropuertos que aún están bajo control gubernamental, ya que el mismo modelo fue utilizado durante las anteriores gestiones encabezadas por Lula Da Silva.