El Gobierno de Brasil está acelerando el proceso para realizar la licitación para la privatización del Puerto de Santos a finales de este año. Junto con ello, debe iniciar a fin de agosto un proceso de sondeo de inversores interesados, reportó Mover.
Además de la conversación con los inversores, el área técnica del gobierno pretende enviar este mes todos los documentos de la licitación para su evaluación y aprobación por el Tribunal Federal de Cuentas (TCU). Según las cuentas del Gobierno, si la aprobación del TCU sale hasta octubre será posible celebrar la licitación todavía en 2022.
Una fuente del TCU dijo que "si la documentación está completa y llega pronto, es posible", aseguró una fuente gubernamental que estima el plazo mínimo de ocho semanas para que el TCU libere la licitación.
La misma fuente cree que el trabajo con el TCU puede "ganar velocidad" porque los ministros ya han dado el visto bueno, en diciembre, a la privatización de la Companhia Docas do Espírito Santo. "Codesa ya se logró, y ya hemos entregado al TCU la documentación de los puertos de São Sebastião e Itajaí. Son procesos que pueden anticiparse a las discusiones", dijo la fuente.
Posibles inversores
Sobre el proceso de sondeo con los posibles inversores interesados, conocido como "sondeo de mercado", la idea del Gobierno es mantener una "conversación abierta" sobre el proyecto, despejando dudas y escuchando la opinión de los agentes sobre el modelo de privatización. Según la fuente gubernamental, grupos nacionales e internacionales han mostrado interés por el activo, entre ellos el fondo australiano Macquire y Mubadala, de Emiratos Árabes. Pátria también sería una de las partes interesadas.
El Gobierno estima que el ganador de la privatización de la Autoridad Portuaria de Santos desembolsará un total de US$3.597 millones en inversiones durante los 35 años del contrato, de los cuales US$2.722 millones serán para mantenimiento, US$583 millones en la construcción del túnel que une Santos con Guarujá y US$291 millones en ampliación y modernización. La licitación se definirá por el valor más alto que se pagará por la concesión de los activos, pero aún no se ha definido el valor mínimo.
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