
Un reciente incremento en la retención de buques pertenecientes al registro de naves de Panamá en puertos de China ha generado reacciones por parte de autoridades en Estados Unidos, en un contexto marcado por un fallo judicial panameño que anuló una concesión portuaria en el Canal de Panamá.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó preocupación por estas acciones, señalando que podrían estar relacionadas con el uso de herramientas económicas en respuesta a las decisiones judiciales adoptadas en Panamá. Según indicó, estas medidas podrían afectar el estado de derecho en el país centroamericano, informó Reuters.
Por su parte, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos informó que se encuentra monitoreando un aumento en la retención de naves registradas en Panamá en puertos de China. De acuerdo con datos de Lloyd’s List Intelligence, estos casos han alcanzado cerca de 70 desde el 8 de marzo, superando los niveles históricos.
El contexto de estas acciones se remonta a una decisión de la Corte Suprema de Panamá, que a fines de enero declaró inválido el marco legal que sustentaba la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company, filial del grupo con sede en Hong Kong CK Hutchison, para operar los terminales de Balboa y Cristóbal, ubicados en las costas del Pacífico y Atlántico del canal.
La anulación de la concesión se produjo tras presiones desde Estados Unidos orientadas a limitar la influencia china en torno a esta infraestructura, por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo global.
Desde China, autoridades han rechazado las acusaciones formuladas por Washington. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó los señalamientos como infundados y los vinculó a un intento de ejercer control sobre el canal. En la misma línea, el gobierno chino manifestó su oposición al fallo del tribunal panameño, al que ha descrito como una decisión adoptada de mala fe.
El operador portuario CK Hutchison, que administró los terminales durante cerca de tres décadas, ha cuestionado la resolución judicial, argumentando que constituye una expropiación ilegal. La compañía inició un proceso de arbitraje internacional en el que solicita compensaciones superiores a US$2.000 millones.
En este escenario, Estados Unidos reiteró su respaldo a Panamá y manifestó su intención de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos económicos y de seguridad. La situación ha contribuido a un aumento de las tensiones entre Washington y Beijing en torno al control y la operación de infraestructura vinculada al Canal de Panamá.
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