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Trabajadores del puerto de Arica expresan profunda preocupación por negativa de ASP-B a firmar acuerdo tarifario

Han iniciado diversas gestiones para evitar la postergación de seis meses solicitada por el organismo boliviano

Fuente: Mundo Marítimo

La negativa de la ASP-B a firmar un acuerdo de descuentos tarifarios por 3 años y solicitar, a cambio, una prórroga de 6 meses del convenio que venció el 4 de agosto pasado, ha causado honda preocupación en los trabajadores del puerto de Arica, quienes a través de sus organizaciones han comenzado a realizar diversas gestiones para evitar la postergación solicitada. Es así como, el presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza presentó una carta a la Comisión Transitoria de Descentralización de la Convención Constituyente, a raíz de que esta instancia iniciará sus reuniones regionales en Arica. La acción fue suscrita por la presidenta del Sindicato de Ultraport, Sandra Baltierra, y el secretario del Sindicato TPA 1, Víctor Ramírez, quienes recurrieron al dirigente nacional para abordar esta problemática.

"A través del alcalde de Arica, hemos hecho llegar una carta donde pedimos que la Convención Constitucional intervenga frente cualquier intento de entregar el Puerto de Arica a las pretensiones de Bolivia. Aquí no se trata de nacionalismos, se trata de que el Puerto de Arica garantice trabajo a los chilenos y goce de estabilidad para su desarrollo futuro. Lo que queremos entonces es que se deje negociar a las empresas regionales y no intervengan los diplomáticos porque aquí nadie está vulnerando la garantía de libre tránsito comprometida en el Tratado de 1904 con Bolivia", indicó Baeza.

El dirigente, enfatizó que "los servicios en los puertos deben pagarse, porque con ello se sostienen las empresas, las inversiones y los trabajadores. Se necesita una visión regional de este problema y por eso creemos importante que en la nueva Constitución se considere esta problemática".

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Ultraport Arica y vicepresidenta de Cotraporchi, Sandra Baltierra indicó que "desde el año 2019, se logró un acuerdo con rebajas importantes para la carga boliviana. Así se pudo ordenar el Puerto, ya que antes Bolivia movía su carga cuando quería y provocaba congestión dentro del terminal y en las calles de la ciudad. Ese esfuerzo que hemos hecho no puede tirarse por la borda, ya que ha significado una mayor estabilidad laboral. El respeto al tratado no significa entregar servicios gratis. Aquí hay trabajadores portuarios chilenos que hacen con mucho esmero el despacho de la carga boliviana. Si Bolivia vende esos productos a un precio de mercado, ¿por qué aquí el Estado o una empresa chilena deben subvencionar esa carga extranjera?".

En tanto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de TPA 1, Víctor Ramírez, advirtió que su gremio ve con preocupación "que Bolivia intente imponer una posición que a todas luces es ganar tiempo para un cambio de gobierno. Ellos sabían hace 6 meses que se les vencía el acuerdo firmado el 2019, así es que nos parece que es una excusa muy rebuscada la petición de contar con más plazo para revisar el tarifario. Ellos conocen cada tarifa y cada servicio porque los usan todos los días. Aquí no hay nada que revisar. El Puerto de Arica es una empresa regional y transparente cuyas tarifas se conocen públicamente. Más bien lo que hay que preguntarse es cuánto recarga la ASP-B a nuestras tarifas y que encarece nuestros servicios, sin que ellos muevan un solo contenedor de los barcos".

Solicitan mayor respaldo del Gobierno

Junto con la carta a la Convención Constitucional, los tres dirigentes se reunieron con el concejal y secretario de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto, Jorge Mollo, quien, tras el encuentro, sostuvo que "no es posible entender la propuesta boliviana de querer cambiar los acuerdos cada 6 meses”, afirmó.

Mollo coincidió en que “desde el año 2019 el Puerto de Arica impulsó un modelo de negociación con Bolivia, que permitió ordenar la carga boliviana y aminorar la congestión que se producía en el acceso al Puerto, aplicando incentivos y tarifas acorde al mercado para que la carga fuese despachada más rápido. Ese modelo ha sido resistido por Bolivia, bajo el argumento de que se está vulnerando el libre tránsito, situación que no es cierta. El Puerto no es una bodega, sino es un sitio donde la carga debe fluir. Si hay más espacio, hay más cargas y con eso más turnos para los trabajadores y todos ganan".

Llamado a la Dirección de Fronteras y Límites

Mollo hizo un llamado a la Cancillería de Chile, en especial a la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), "a ayudar a que el proceso sea lo más favorable para la Región de Arica y Parinacota. Aquí no está en juego ningún juicio, ni tampoco ningún compromiso bilateral. No queremos ser una moneda de cambio en una mesa diplomática donde siempre Arica va al sacrificio".

Mollo enfatizó que es "esta es una negociación comercial que garantizará el futuro de los más de 1.000 trabajadores directos y otros 1.000 indirectos que realizan faenas y servicios al Puerto de Arica. Queremos más cargas para el puerto porque eso significa más empleo para quienes viven en este territorio fronterizo”.

En cuanto al plazo de 6 meses solicitado por la ASP-B para firmar un nuevo acuerdo, planteó que "resulta evidente, según me lo han transmitido los propios trabajadores, que Bolivia esté pidiendo 6 meses para negociar un acuerdo con el próximo Gobierno que asuma en Chile en marzo de 2022. Acordaron en principio un convenio por tres años con un descuento tarifario de un 38%. Obviamente Bolivia quiere sorprendernos e imponer su irrenunciable postura de que el Puerto le entregue servicios gratis y le conceda tiempos a su antojo para el despacho a las cargas. Eso no lo vamos a permitir”.

Explicó además que la ASP-B lucra con la carga y, por lo tanto "deben pagar el precio justo por su despacho, tal como lo hacen todos los usuarios del Puerto de Arica y tal como se hace en todos los puertos del país. De hecho, los exportadores bolivianos lo hacen sin problemas, dado que su carga no la gestiona ASP-B. Así es que no hay tal conflicto de libre tránsito".

Por último, el concejal sumó a lo anterior que "hemos visto con mucha decepción que el Gobierno nada dijo cuando Bolivia decidió suspender la prueba técnica del Ferrocarril de Arica a La Paz en mayo pasado. El tren es un patrimonio histórico y sinónimo de empleo para nuestra ciudad".